3 de julio de 2026

La petición abierta en change.org en la que se reclama “una ley estatal de seguridad acuática que establezca unos mínimos comunes para piscinas, playas y zonas de baño en toda España” ha superado las 20.000 firmas verificadas.

El socorrista profesional José Manuel Díez Herrero, miembro del Comité Docente de la Asociación Latinoamericana de Salvamento y Socorrismo FLASS, donde representa a la Asociación Española de Prevención de Ahogamientos (AEPA), promovió esta iniciativa porque había visto “demasiadas veces cómo la seguridad en piscinas, playas y zonas de baño depende más del lugar en el que estés que de unas normas claras para proteger a las personas”.

José Manuel Díaz pone de manifiesto en change.org que “falta una regulación común que diga qué formación debe tener un profesional, qué material mínimo debe haber en una piscina o playa, cuántos socorristas son necesarios según el espacio y qué autoridad tienen para hacer cumplir las normas”. Por ello, “no puede ser que en un sitio un botiquín esté preparado para una emergencia y en otro falten hasta materiales básicos”.

Esto es debido porque en España la normativa de seguridad acuática depende de las Comunidades Autónomas y no existe una ley marco que establezca unos mínimos. Es más, lo habitual es que cada uno de los 17 gobiernos autonómicos que existen en España tengan en una consejería o departamento las competencias en playas y en otro distinto las referidas a piscinas y otras instalaciones acuáticas.

De la misma manera se encuentran los requisitos que se exigen para acceder a la práctica del socorrismo en playas y piscinas, donde en una región autónoma pueden ser desorbitados y en otros ridículos, lo que no garantizar la formación de las personas que se dedican profesionalmente a cuidar por la seguridad en el medio acuático.

José Manuel Díez Herrero durante el Encuentro de Expertos en Seguridad Acuática (EESA) organizado en octubre pasado por la FLASS.

Díez Herrero explica que “hay playas sin vigilancia, piscinas con medios desiguales, señalización poco clara y normas que cambian según la comunidad autónoma o el municipio”, ya que este ámbito de la Administración, los ayuntamientos, también tienen competencias exclusivas sobre la organización de los servicios en las playas.

Según se recoge en la petición que tan amplia acogida está teniendo y que está dirigida a los Ministerios de Empleo y Seguridad Social y de Sanidad, “la seguridad acuática no debería depender del código postal”, por lo que es precisa “una regulación clara que proteja a quienes se bañan y también a quienes trabajan para salvar vidas”.

Para el miembro de la FLASS y AEPA, con más de tres décadas de práctica como socorrista profesional y que es Técnico Superior en Salvamento y Socorrismo y en Prevención de Riesgos Laborales, “prevenir un ahogamiento empieza mucho antes de que alguien se esté ahogando”.

“Cuando un socorrista tiene que discutir con una persona que no respeta las normas, deja de vigilar el agua. Cuando trabaja con calor extremo, sin descansos adecuados o sin un puesto de vigilancia adaptado, su capacidad de reacción empeora. Y cuando sus indicaciones no se respetan, el riesgo no es solo para él, sino para todas las personas que están bañándose”, argumenta.

Y eso deviene en que “en España, cada verano se repite la misma historia: familias en piscinas, niños en playas, personas mayores en zonas de baño, deportistas en el mar o usuarios que no conocen los riesgos reales del agua”, por lo que “la prevención sigue siendo insuficiente”.

Por ello anima a firmar “esta petición para exigir una regulación clara que proteja a quienes se bañan y también a quienes trabajan para salvar vidas”.

La petición puede suscribirse en este enlace.