19 de enero de 2026

El Ayuntamiento de León (España) ha sido obligado a adoptar una serie de medidas para garantizar la “seguridad física” y a “establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo” de los socorristas que trabajan a su cargo en las piscinas del municipio.

En concreto, el Procurador del Común, la figura análoga a la Defensoría del Pueblo o Ombusdman, ha requerido al Ayuntamiento de León, una ciudad del Noroeste de España y con más de 123.000 habitantes, a que implemente una serie de medidas cuyo incumplimiento fue denunciado por un socorrista en mayo de 2024 y que habían sido constatadas por una auditoría privada externa y, más tarde, ratificadas por un informe de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Castilla y León, el gobierno regional de este territorio.

El Procurador del Común recuerda al Ayuntamiento de León que “el Consejo Consultivo de Castilla y León ha apreciado en numerosos casos la existencia de responsabilidad patrimonial como consecuencia del incumplimiento de las normas legales y reglamentarias en materia de prevención de riesgos laborales” y le insta tener en cuenta el derecho de los trabajadores, en este caso los socorristas, “a su integridad física y a una adecuada política de prevención de riesgos laborales, así como a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo”.

Puede acceder al texto íntegro de la Resolución del Procurador del Común en este enlace.

Un socorrista, José Manuel Díez Herrero, denunció que se estaba poniendo “en peligro la salud de los usuarios, cursillistas, deportistas y trabajadores (socorristas y monitores) por un incumplimiento de la normativa de piscinas 742/2013, y por no seguir las recomendaciones de los técnicos de prevención y riesgos laborales” respecto a los trabajadores de la empresa privada que hizo el primer análisis de la situación.

Denunciadas tres instalaciones

La denuncia se refería a tres instalaciones, el centro deportivo El Ejido, el Estadio Hispánico y la piscina cubierta de La Palomera, aunque esta última se cerró después “por reacondicionamiento de la instalación”. El Ayuntamiento de León no comunicó esta circunstancia al Procurador del Común hasta catorce meses más tarde de ser requerido hasta en tres ocasiones sobre las irregularidades puestas de manifiesto.

En septiembre de 2024, cuatro meses después de la denuncia, un informe de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Castilla y León constató diversas irregularidades en las tres instalaciones, entonces todas abiertas, como la existencia de valores no aceptables de temperatura y de las concentraciones de CO2 en la piscina cubierta de La Palomera.

El análisis establecía también la necesidad de reducir “los niveles de exposición al ruido de los trabajadores, así como una mejora de las condiciones termohigrométricas” y que esto se llevase a cabo mediante “un mantenimiento preventivo de todas las instalaciones de climatización, donde se incluya el cambio de filtros, así como limpieza de los conductos”.

Asimismo, recomendaba “valorar la posibilidad de situar a los socorristas en habitáculos cerrados dentro de las instalaciones de las piscinas desde donde se puede llevar a cabo la labor de vigilancia y control de los usuarios sin estar expuestos, de forma continua, a las condiciones de temperatura y humedad más desfavorables que existen en el recinto climatizado”.  Solo una de las tres instalaciones, la actualmente cerrada de La Palomera, disponía de esta infraestructura, la piscina exterior del Estadio Hispánico requería una obra y en El Ejido habría que construirla.

Reducir tiempo de exposición de los socorristas al calor y el ruido

Mientras se lleven a cabo ambas actuaciones, el informe establece que “debe valorarse la aplicación de medidas organizativas que permitan reducir el tiempo de exposición de los trabajadores, tales como efectuar descansos de 10 minutos por cada hora de trabajo en otras áreas fuera de la piscina climatizada que permitirá, no solo que las condiciones termohigrométricas a las que se ven sometidos sean más favorables, sino que, además, el nivel de exposición al ruido se vea reducido”.

Del mismo modo, el Ayuntamiento de León es requerido a que, “para facilitar el control, en todo momento, de las condiciones termohigrométricas existentes en las piscinas resultaría de gran utilidad la puesta en funcionamiento nuevamente del sensor Redytel que muestra valores de temperatura, humedad y concentración de CO2, y que actualmente solo se encuentra operativo en el centro deportivo ‘Salvio Barrioluengo’ (centro deportivo El Ejido)”.

También se obliga a la institución municipal a “adoptar las medidas oportunas para que los accesos y pediluvios de las piscinas climatizadas no supongan un riesgo de caída para los trabajadores”.

Treinta años de experiencia

El socorrista que denunció los hechos tiene más de 30 años de experiencia en este sector, es Profesor y Técnico Deportivo Superior en Salvamento y Socorrismo y ha formado a más de 1.500 socorristas, entre ellos la formación especializada para profesores y profesionales de la Unidad Militar de Emergencias (UME), la Brigada Paracaidista, policías o bomberos.

Además, es miembro del Comité Docente de la Asociación Latinoamericana de Salvamento y Socorrismo FLASS, la mayor red de seguridad acuática de este ámbito, con veinticinco entidades asociadas y presencia en dieciocho países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ciudad del Vaticano, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, México, Guatemala, Italia, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana y Venezuela.