15 de abril de 2026

El Concejo Municipal de la Ciudad de La Paz (Bolivia) ha aprobado este miércoles la Ley Municipal Autonómica para la seguridad y buen funcionamiento de piscinas y espacios acuáticos en el municipio de La Paz.

Según ha puesto de manifiesto este miércoles durante la sesión el presidente del Concejo Municipal de la capital de Bolivia, Dr. Jorge Dulon Fenández, el proyecto de ley se ha elaborado en “coordinación técnica” con la Federación Boliviana de Salvamento y Socorrismo Acuático (FEBOSSA), entidad integrante de la Asociación Latinoamericana de Salvamento y Socorrismo FLASS.

Esto, ha destacado, “garantiza la incorporación de criterios especializados en materia de prevención, respuesta y gestión del riesgo en entornos acuáticos”.

El Dr. Jorge Dulon Fenández ha puesto énfasis en que la aprobación de la normativa “reviste un carácter pionero en el país al constituirse en la primera Ley Municipal en la materia” y en que sienta “un precedente para otros municipios del país en la regulación de espacios acuáticos bajo estándares de seguridad y control”.

Mediante la Ley aprobada se regulan “las condiciones de seguridad, funcionamiento, control y supervisión de piscinas y espacios acuáticos de uso público y privado y colectivo dentro del municipio de La Paz para proteger la vida, la salud y la integridad física de la población”.

La presidenta de la FLASS, Isabel García Sanz, ha transmitido al presidente de FEBOSSA,  Manuel Juan Rhu Zurita, la felicitación de la más importante red de cooperación para la seguridad acuática, presente en casi una veintena de países de América Latina y Europa, con cerca de una treintena de organizaciones asociadas.

Rhu Zurita, que es miembro del Comité Docente de la FLASS,  apostó el pasado enero por el desarrollo, coordinación y presentación de una propuesta en una reunión que mantuvo con el presidente del Concejo Municipal de la capital de Bolivia.

FEBOSSA plantea ampliar este tipo de normativas a lo largo de las municipios del país.

El ahogamiento es la tercera causa de muerte por traumatismo no intencional en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), y constituye una crisis de salud pública prevenible para este organismo de Naciones Unidas.